Autor : AbogadosYa Fecha : 2016-10-25 17:13:10

Al momento de padecer una enfermedad o accidente laboral es necesario conocer que el mismo puede traer consigo una disminución en su capacidad laboral la cual corresponde al conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten a la persona desempeñarse en un trabajo habitual, háblese en resumidas cuentas del Nivel General de Incapacidad Laboral de las personas.   Bajo la Sentencia T-290 del 19de mayo del presente año, la Corte Constitucional reiteró y resaltó la importancia de atender a los principios de buena fe y debido proceso por parte de las Juntas de calificación de invalidez, al momento de examinar  la situación de incapacidad determinada de la persona que lo solicita, teniendo en cuenta que es su deber realizar una valoración completa del estado de salud de quien acude.

De tal modo explicó que, de ser necesario realizar estudios médicos o exámenes complementariosque se consideren indispensable para conocer completamente el estado de salud de la persona en calificación, debe darse orden a la entidad administradora o promotora de salud para que sean realizados, y así lograr determinar un porcentaje de afectación en la capacidad laboral de quien acude.

De esta forma, fueron tutelados los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social que un ciudadano que padece VIH invocó en su acción de tutela, teniendo en cuenta que la junta de calificación realizó un pronunciamiento con ausencia de elementos de juicio precisos para una valoración completa de su estado de salud, prefiriendo decidir el grado de invalidez sin una motivación técnico científica que proyectara convicción en la disminución exacta de su capacidad laboral.

VER LA SENTENCIA T-290 DE 2015









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